¿Ampararse
de la reforma educativa o de los atropellos laborales?
Por
Flor González
El
pasado 10 de enero, Emilio Chuayffet reiteró que la educación "no es
propiedad de un grupo, sino de la sociedad", por lo que el Estado va a
reasumir su rectoría. Al participar en el Foro México 2013, descartó que la
reforma educativa sea privatizadora. Advirtió que no habrá excepciones para nadie
en cuanto a la evaluación o cumplimiento de requisitos que se consideren
necesarios para brindar una educación de calidad. Según él, la reforma no es
antilaboral ni antimagisterial, sino que tiene por objeto dar certeza al
maestro; certidumbre en su ingreso, en su promoción y desempeño como docente.
¿Será? ¿Podrá garantizarlo? Sinceramente, lo dudo.
Entre
las inconformidades que los maestros argumentan, se encuentra el problema de
que en caso de que no haya capacitación, existe latente amenaza del sector
oficial para despedir a los maestros. El segundo problema es el mecanismo de
evaluación, que tiene que ser un acuerdo entre el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación y el sector público.
Ni
el desplegado ni los spots ni las declaraciones de los funcionarios explican
cómo es que la reforma hará realidad todos los propósitos que anuncian. No
puede ser de otra manera, pues la mayoría de las modificaciones que se hicieron
van en sentido contrario de lo que el pacto asegura buscar. Además que los
detalles serán propuestos y aplicados por la Junta de Gobierno del Instituto de
Evaluación de la Educación. Antes, supuestamente, era el SNTE quien aplicaba
los criterios, ahora será la JGIEE; la transparencia… una vez más, lo dudo.
El
pacto afirma que el Servicio Profesional Docente fue creado para reconocer los
méritos de los maestros y asegurar reglas claras, justas y transparentes que
estimulen la profesionalización de los profesores y promuevan sus derechos. Lo
cual se considera falso en el sentido que la reforma "legaliza" la
posibilidad de despedir a maestros y directores que cuentan ya con una plaza de
base definitiva (y, por tanto, con un derecho creado), si no obtienen
calificaciones adecuadas en las evaluaciones que se les realicen. Por tanto, la
permanencia en el empleo está en entredicho.
La
participación de los jefes de familia en la creación de programas educativos,
la conformación de la Junta de Gobierno que presidirá el eventual Instituto de
Evaluación de la Educación y la inclusión del desarrollo deportivo y cultural (con
jornadas de entre seis y ocho horas diarias para aprovechar mejor el tiempo
disponible para el desarrollo académico).
Transparencia en
los criterios para ingresar al sistema educativo
A
la iniciativa se le agregó un segundo párrafo, el cual estipula que los
criterios de evaluación y los términos de ingreso, promoción, permanencia y
reconocimiento en el servicio magisterial, deben fijarse bajo principios de
“igualdad y transparencia”.
Límites a los
miembros de la Junta de Gobierno del Instituto de Evaluación de la Educación
Cubrirán
un periodo de siete años, pero que no puedan durar en el cargo más de 12.
Equidad de género y tampoco será el titular del Ejecutivo quien designe al
presidente de la junta, sino sus cinco integrantes con el voto mayoritario de
tres.
Los amparos
promovidos por el SNTE
El
sindicato espera recurrir a medidas judiciales para dejar sin efecto la
aprobación de la reforma educativa en virtud de que aun se requiere de seis
estados que la avalen para sumar los 17 que se establece para elevarse a
reforma Constitucional. Puesto que aún falta por desarrollar las reformas al
reglamento interno que permita la supervisión y cumplimiento de las nuevas
disposiciones.
¿Cortina de
amparos para disipar el humo?
La
Suprema Corte de Justica de la Nación ha declarado improcedentes juicios de
amparo contra reformas constitucionales, el antecedente más cercano lo tenemos
en el año 2011, donde la corte desecho la procedencia del amparo interpuesto
por varios intelectuales contra la reforma electoral (Castro y Castro, 2011).
De manera clara y objetiva, y atendiendo a antecedentes jurídicos próximos, los
juicios de amparo promovidos por los maestros son improcedentes, por las
siguientes razones:
1.-
No se puede pedir amparo para nulificar una Reforma Constitucional.
2.-No
se puede declarar inconstitucional a la propia Constitución.
3.-
El poder judicial no tiene facultades para restituir o modificar un precepto Constitucional.
4.-
El amparo tiene efectos sobre las acciones y omisiones de las autoridades que
provoquen abusos constitucionales, también sobre las leyes o normas generales
que dañen los derechos constitucionales de los individuos, más no sobre la
constitución misma porque se le considera “Ley Suprema”.
5.-
En el supuesto de que se considerara procedente el amparo contra una Reforma
Constitucional, se crearía Una
“Aberración Jurídica” ya que el Amparo dejaría sin efecto una Ley
Constitucional a un determinado sujeto o grupo, lo que entraría en contradicción con la propia esencia
constitucional, dado que la constitución como Ley Suprema se aplica a todos,
sin excepción.
En conclusión
La
mayoría de maestros estamos a favor de las reformas, pero que estás sean
globales y eficaces, que se termine el
estigma de que el fracaso educativo es sólo responsabilidad de los maestros,
sabemos que el sistema educativo está viciado y debe cambiar, los maestros
debemos buscar mecanismos para cumplir con calidad, la tarea es difícil por las
condiciones de pobreza, marginación y violencia que se vive en el país. Una
educación empieza por una escuela digna y una sociedad en bienestar. Es decir, los
maestros debemos unirnos a la lucha por la calidad educativa, con, sin y pesar
de nuestro gobierno, pero además luchar por nuestros derechos con, sin y a
pesar de nuestros sindicatos.
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