Recientemente
hemos escuchado hablar mucho sobre un tema que ha causado revuelo en el
ambiente general de la sociedad y que preocupa a muchos de los actores que la
integran: se trata de la reforma educativa; en particular lo que respecta a la
reforma constitucional en materia educativa, es decir, el Artículo Tercero de
nuestra Constitución.
La
sociedad ha estado muy al pendiente y siguiendo el tema, aunque persisten dudas
que se deben aclarar y poner en justo término. Todos sabemos que la educación
es parte importante del progreso que pueda tener cualquier país, el nivel de la
calidad educativa tiene que ser incrementado si queremos que México evolucione
convenientemente ante los desafíos tecnológicos que tenemos, así como ante la
competencia internacional.
En
este marco es que el 11 de diciembre pasado fue publicada en la gaceta
parlamentaria de la Cámara de Diputados una iniciativa presentada por el Presidente
de la República, Enrique Peña Nieto, quien tuvo el aval y el apoyo de diversos
partidos integrantes del Pacto por México.
Esta
iniciativa tuvo un procedimiento que podemos considerar “bastante rápido”: se
presentó el 11 de diciembre y para el 21 de diciembre del año pasado ya teníamos
una iniciativa aprobada y remitida a los congresos estatales. En tan corto
plazo, las legislaturas locales que han intervenido en el proceso de reforma
constitucional han pasado ya de 16 –el mínimo que se requiere para que sea
aprobada–, así que es de esperarse en breve la publicación de dicha reforma en
el Diario Oficial de la Federación; conviene pues señalar varios puntos del
contenido de esta reforma.
Lo
que no ha sido motivo de mayor preocupación es incluir la determinación de que
se va a buscar una mayor calidad de la educación para así fortalecer el
aprendizaje; eso es algo que ya existe en nuestro texto constitucional y hay
tenerlo muy presente, sino que se agregó que en la planeación, en los programas
educativos que se lleven a cabo por las diversas instancias, se va a tomar en
cuenta la opinión de los gobiernos pero también de los sectores involucrados. Estamos
hablando de los maestros y de los padres de familia, lo que se considera un
cambio muy importante; el punto que quizá sea el mas álgido de esta reforma
constitucional es sin lugar a duda el cuestionamiento de si estamos ante una
reforma constitucional que pudiera ser considerada retroactiva y en perjuicio
de los derechos que ya tienen los trabajadores de la educación, sobre todo el
en servicio profesional docente, un servicio de carrera que se esta atreviendo
desde el texto constitucional, a este respecto conviene señalar que hay dos
apartados que deben tomarse mucho en consideración:
El
primero de ellos es el ingreso al sistema educativo y la promoción a cargos
directivos y de supervisión para tener este ingreso o bien la promoción. Se
establece desde la Constitución que deben realizarse concursos de oposición,
concursos en los cuales se va a medir obviamente la capacidad y aptitudes que posee
quien aspire a ingresar o que ya forme parte del servicio educativo, se le va a
tomar en cuenta su capacidad, su antigüedad, su experiencia, entre otras
competencias para lograr una promoción.
La
segunda es la permanencia que se establezca del texto constitucional; es decir,
se deben cumplir los requisitos que se señalen en la Constitución para todos
aquellos que ya están en el servicio educativo y desean permanecer en él. Es
aquí donde hemos escuchado voces que indican que esta posibilidad de
permanencia que va unida a una evaluación obligatoria podría causar un
cuestionamiento de retroactividad en perjuicio de los trabajadores en materia
educativa; sin embargo, esta reforma constitucional en los términos en que se
encuentra no puede ser calificada de retroactiva por la razón de que está
haciendo referencia a la permanencia, y la permanencia no corre hacia atrás si
no desde el presente al futuro. Esta retroactividad, en consecuencia, no es
aplicable en el texto de la reforma constitucional.
Es
importante tener en cuenta que la evaluación, que pudiera ser negativa en
determinado momento y a la cual los maestros van a someterse voluntariamente ha
sido un progreso importante; pero el obtener una consecuencia negativa en la
evaluación, no necesariamente debe llevar al cese de la relación laboral, la
iniciativa del Presidente de la República tiene un aspecto muy importante que
conviene rescatar: en esa evaluación, se señala, se pueden encontrar fortalezas
y debilidades. Si se encuentran fortalezas hay que desarrollarlas de manera
positiva, pero si se encuentran debilidades, debe entonces apoyarse de manera
prioritaria al maestro para que las supere o se le implemente una amonestación
pública. Cabe mencionar que en la reforma educativa no está previsto el que
ante una consecuencia negativa de la evaluación conduzca al cese de inmediato de
la relación laboral.
Sin
embargo, esto tampoco significa que los maestros puedan reincidir numerosas
veces en las consecuencias negativas, si no que se tendría que implementar un
tope para este tipo de maestros y, entonces sí, cesarlos de su relación
laboral.
Otro
de los aspectos que forman parte de esa reforma constitucional consiste en la
creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y recae principalmente
su organización en un Instituto Nacional creado para el efecto, que tendrá una
junta de gobierno integrada por cinco individuos, quienes permanecerán en sus
cargos siete años, de acuerdo al texto de la reforma y podrán ser reelegidos. A
este instituto corresponderá realizar actividades de evaluación de todo el
sistema educativo, responsabilidad que corresponde actualmente en una gran
parte a la Secretaría de Educación Pública. Estos son, pues, los aspectos
principales de la reforma constitucional en materia educativa. Resta sólo esperar
su publicación en el Diario Oficial de la Federación a la que seguirán, con
mucha probabilidad, las respectivas impugnaciones.
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