Tristes números rojos

Las recientes estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública coloca a Quintana Roo en nada halagüeños puestos en materia de secuestro, extorsión y robo calificado, incluso superando a estados como Tamaulipas, Michoacán y el Distrito Federal

Por José Pinto Casarrubias

 Recién se publicaron las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en las que Quintana Roo aparece en lugares nada honrosos en cuanto a incidencia delictiva se refiera, específicamente en el rubro de los delitos llamados de alto impacto como secuestro, extorsión y robo calificado, donde está prácticamente ya con números rojos superando nada más y nada menos que a estados como Tamaulipas, Michoacán, el estado de México y al Distrito Federal.
Según cifras actualizadas hasta agosto del 2011 –las estadísticas más recientes a nivel nacional y que precisamente se alimentan de datos proporcionados por las diferentes entidades federativas–,  Quintana Roo aparece en el lugar número 7 a nivel nacional en cuanto al delito de extorsión, por encima de estados como Tamaulipas, Michoacán y Guerrero y en sexto lugar en el delito de secuestro, incluso superando el DF y al estado de México.

Robo con violencia  y asesinatos, también

De acuerdo con estas mismas cifras, la entidad ocupa el noveno lugar en cuanto a incidencia de robo con violencia se refiere, superando a entidades como Tamaulipas, Michoacán, Veracruz y Jalisco, pues de unos años a la fecha este ilícito se ha disparado de manera importante, sobre todo por la falta de capacidad de los cuerpos policiacos y el incremento en las bandas delictivas que incluso llegan de otros lugares y encuentran en Quintana Roo un lugar atractivo para operar.
Mientras que en cuanto a homicidios dolosos, Quintana Roo se sitúa en el lugar número once de 32 entidades federativas y es que tan solo en este 2011 se han registrado alrededor de 500 homicidios en la entidad, según cifras de la PGJE.
Pero hay algo aún más grave que estos números, y es el hecho de que según cifras del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) 17 de cada 100 delitos tiene una resolución y la mayoría quedan impunes, siendo México uno de los países con más alto grado de impunidad.
Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reconocen que sí ha existido un incremento en los casos de extorsión, aunque aclaran que la mayoría de los casos son conocidos por el ámbito federal, pues de enero a la fecha sólo se han denunciado y confirmado tres casos que reúnen las características para tipificarlos como secuestro, pues el resto son los llamados "levantones", que esos sí rebasan los 50 casos, sin mencionar la cifra negra, que evidentemente duplicaría los números.

En cuanto al asunto de las extorsiones si bien es un problema a nivel nacional, admiten que Cancún lamentablemente ya es una plaza importante en este tipo de ilícitos.
De hecho, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial ya han mostrado su preocupación al respecto, pues consideran alarmantes las experiencias de varios empresarios de Cancún que han tenido que cerrar sus negocios e incluso abandonar la ciudad por las amenazas de células criminales esparcidas por toda la geografía estatal.
Pero este grave delito incluso se da en las propias dependencias policiacas, tal es el caso de un elemento de la PGR que extorsionaba a uno de sus propios compañeros, a quien se suponía debía investigar por actos de corrupción, por lo que fue detenido y un juez federal le dictó auto de formal prisión recientemente.
Y es que lejos de perseguir la corrupción de sus colegas, se aprovechaba de su posición para presionarlos y solicitarles dinero, bajo la amenaza de proceder en su contra.

Grave problema de impunidad

Mientras, según datos del mismo instituto, del total de delitos denunciados, sólo en el 6% de los casos los probables responsables son puestos a disposición de los jueces. Respecto del homicidio, cuya persecución reviste especial interés porque es uno de los delitos más graves (en cuanto al fuero común se refiere) y el de mayor impacto social, el promedio nacional de consignados es de 18.8%.
Estas cifras sin lugar a dudas, son indicadores de gran relevancia pues muestran el corazón de la impunidad, como un grave problema social que alienta el crimen y desanima a los ciudadanos que cada vez piensan más de dos veces el denunciar un delio por considerar que nunca será resuelto.
En Quintana Roo, de acuerdo con la tercera encuesta nacional sobre Inseguridad ENSI-3, realizada por ICESI, el 58 por ciento de los ciudadanos se sienten inseguros de vivir en esta entidad.
Incluso mencionan que son tres las entidades con mayor  registro de averiguaciones previas (el Estado de México, el Distrito Federal y Baja California); sin embargo, por cada cien  mil  habitantes,  son  las  entidades  de Baja California, Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo,  las que ocupan las primeras posiciones y son las lesiones, los robos a casa habitación y con violencia, los que se denuncian más, pero donde paradójicamente se resuelven menos.
Ante esta realidad, parecerían numerosos y complicados los pasos que hay que  dar para reducir la violencia criminal en el país, por ello es imprescindible atender los factores socioeconómicos y educativos que inciden en la criminalidad.
Es indispensable capacitar cada día mejor  a los agentes policiales, para los que debería instaurarse una verdadera carrera profesional.
Y, desde luego, urge que el Ministerio Público se transforme en una institución que procure justicia con eficiencia, honestidad y prontitud; pero para lograrlo se requiere una capacitación y una selección escrupulosa de los aspirantes, controles eficaces de las actuaciones de todos y cada uno de los agentes ministeriales, solo de esta forma, se podrá combatir la práctica de solicitar dádivas a los denunciantes y a los inculpados.